Como ex vicepresidentes, expertos y expertas independientes que hemos acompa\u00f1ado al Estado
de Ecuador desde el Comit\u00e9 de Derechos del Ni\u00f1o de la ONU desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os,
expresamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n por el caso de la desaparici\u00f3n forzada y ejecuci\u00f3n
extrajudicial de cuatro ni\u00f1os afrodescendientes en Guayaquil, Ecuador, presuntamente a manos de
una unidad militar, porque constituye una grave violaci\u00f3n de derechos humanos en un contexto de
creciente militarizaci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina. Este hecho reeja un uso desproporcionado de la fuerza
letal y la consolidaci\u00f3n de un modelo militar represivo que afecta principalmente a sectores
criminalizados, como la ni\u00f1ez y juventud afrodescendiente y pobre. Bajo el decreto ejecutivo 111
del 10 de enero 2024, donde el Gobierno de Noboa reconoce la existencia de un conicto armado
interno, se autoriz\u00f3 la intervenci\u00f3n militar en espacios civiles, contraviniendo las obligaciones
internacionales del Estado ecuatoriano de garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales
de sus habitantes, especialmente de la infancia y juventud.
La desaparici\u00f3n forzada y posterior asesinato de estos ni\u00f1os, con evidencia de participaci\u00f3n militar,
se inscribe en un patr\u00f3n que vulnera el derecho a la vida, protegido por el art\u00edculo 4 de la
Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y art\u00edculo 6 de la Convenci\u00f3n sobre los
Derechos del Ni\u00f1o (CDN). Las pr\u00e1cticas de tortura, el trato inhumano y ejecuci\u00f3n extrajudicial a los
que fueron sometidos tambi\u00e9n constituyen una transgresi\u00f3n a los art\u00edculos 5 de la CADH y 37.a de
la CDN. Asimismo, el Estado incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de proporcionar protecci\u00f3n especial a la
infancia contra toda forma de abuso, negligencia, maltrato o explotaci\u00f3n, seg\u00fan lo determinan los
art\u00edculos 19 de la CADH y 19 de la CDN, y en las disposiciones del corpus juris internacional que
garantizan los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. La respuesta estatal, centrada en la
criminalizaci\u00f3n de las v\u00edctimas y en la deslegitimaci\u00f3n de las denuncias, demuestra una negaci\u00f3n
de su deber de investigar y sancionar, situaci\u00f3n que agrava la posibilidad de impunidad.
En este marco, se exige al Estado ecuatoriano una investigaci\u00f3n aut\u00f3noma, con respaldo t\u00e9cnico de
una comisi\u00f3n internacional que garantice la imparcialidad y ecacia del proceso. Es esencial que se
esclarezcan los hechos y se identique a los responsables materiales e intelectuales, tanto en el
\u00e1mbito militar como pol\u00edtico. Asimismo, se demanda la cooperaci\u00f3n plena y transparente de las
Fuerzas Armadas, quienes deben entregar toda la informaci\u00f3n relacionada con la operaci\u00f3n que
culmin\u00f3 en la desaparici\u00f3n de los ni\u00f1os.
En \u00faltima instancia, la erradicaci\u00f3n de la impunidad exige sanciones ejemplares para los
responsables, tanto a nivel militar como institucional. Esto implica establecer un precedente que
garantice la reparaci\u00f3n integral de los da\u00f1os sufridos por las familias de las v\u00edctimas y la adopci\u00f3n
de garant\u00edas de no repetici\u00f3n que permitan superar los ciclos de violencia que afectan a la infancia
en la regi\u00f3n. Para ello, la comunidad internacional tiene un papel crucial en el monitoreo y
seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que los Estados respeten y
protejan los derechos fundamentales de sus poblaciones m\u00e1s vulnerables.
En la \u00faltima semana, las familias de las v\u00edctimas, las organizaciones de derechos humanos y los
operadores judiciales que trabajan en este caso enfrentan un contexto de riesgo derivado de
amenazas y actos de intimidaci\u00f3n por parte del Ministro de Defensa. Por ello, es imprescindible
implementar medidas de protecci\u00f3n inmediatas que aseguren su seguridad y permitan continuar
con los procesos legales hasta el pleno acceso a la justicia. Las declaraciones de altos funcionarios
gubernamentales y militares, que buscan deslegitimar las decisiones judiciales y las acciones de los
defensores de derechos humanos, deben cesar, ya que representan un intento de interferencia en
la justicia y una estrategia para evitar la rendici\u00f3n de cuentas, lo que podr\u00eda congurar un crimen
de Estado.
Adem\u00e1s, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 53\/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, existen
obligaciones espec\u00edcas del Estado ecuatoriano de brindar protecci\u00f3n legal ecaz a las personas
defensoras de los derechos humanos, y de garantizar que aquellas puedan manifestarse
pac\u00edcamente ante graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se requiere que el gobierno ecuatoriano suspenda las pol\u00edticas de militarizaci\u00f3n en espacios civiles
y reoriente su enfoque hacia la implementaci\u00f3n de estrategias de seguridad basadas en la
prevenci\u00f3n, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos. Este cambio debe incluir la
revisi\u00f3n de la doctrina de las Fuerzas Armadas para garantizar que sus operaciones se alineen con
los principios de proporcionalidad, necesidad y respeto por la vida.
Finalmente, debe considerarse que las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en condici\u00f3n de pobreza y marginalidad,
no solo son criminalizados por la sociedad, los medios de comunicaci\u00f3n y el Estado, sino que adem\u00e1s se
encuentran en peligro real de ser reclutados por los grupos de delincuencia organizada, o de morir o
resultar heridos a causa de los enfrentamientos armados entre tales grupos. Por ello, se deben impulsar
reformas estructurales que fortalezcan los sistemas de protecci\u00f3n de la infancia, incorporando un enfoque
diferenciado que atienda las necesidades de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes afrodescendientes y otros grupos
hist\u00f3ricamente excluidos.
Marta Santos Pais, Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la
Violencia contra los Ni\u00f1os
Rosa Mar\u00eda Ortiz, Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Ni\u00f1ez de la CIDH
Sara Oviedo, Ex vicepresidenta del CRC UN,
Marta Maur\u00e1s, Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN,
Norberto Liwski, Ex vicepresidente del CRC UN,
Jorge Cardona, Ex integrante del CRC UN
Jos\u00e9 \u00c1ngel Rodr\u00edguez, Ex integrante del CRC UN<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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