Agosto 2025<\/em><\/p>\n\n\n\n En diferentes momentos de la historia reciente de M\u00e9xico se han cometido violaciones graves de derechos humanos a gran escala por autoridades del Estado para enfrentar a quienes se consideran una amenaza a la seguridad. A finales de los a\u00f1os 60 y hasta mediados de los 80, el ej\u00e9rcito mexicano, as\u00ed como las diferentes polic\u00edas del pa\u00eds, desaparecieron, torturaron, asesinaron y detuvieron arbitrariamente<\/strong><\/mark> a miles de personas bajo el esquema de una pol\u00edtica encaminada a desarticular a los opositores pol\u00edticos, principalmente de izquierda, as\u00ed como a los grupos guerrilleros que operaban en diversos estados de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Esta l\u00f3gica coincide con lo observado en Latinoam\u00e9rica durante estas d\u00e9cadas como parte de la estrategia implementada desde la Escuela de las Am\u00e9ricas. Las personas afectadas fueron, en su mayor\u00eda, hombres y mujeres ajenos a las hostilidades, es decir, poblaci\u00f3n civil.<\/strong><\/mark> INFORME COMPLETO<\/p>\n\n\n\n
Centenares de personas fueron v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada cometida por elementos del ej\u00e9rcito, fuerzas de seguridad o cuerpos paramilitares y parapoliciales, en una clara estrategia de contrainsurgencia que operaba en el pa\u00eds, a la par que se recib\u00eda al exilio de reg\u00edmenes militares del Cono Sur. La no judicializaci\u00f3n y la consecuente impunidad de estos casos en el periodo, propici\u00f3 que otros actos de represi\u00f3n y nuevas desapariciones fueran posibles.
En 1994 y a\u00f1os subsiguientes al conflicto armado entre el Ej\u00e9rcito mexicano y el Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional (EZLN), las autoridades mexicanas implementaron una estrategia contrainsurgente que result\u00f3 en un n\u00famero elevado \u2014aunque impreciso\u2014 de actos graves como tortura, ejecuciones, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, detalladas, como constat\u00f3 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el \u201cPlan de Campa\u00f1a Chiapas 94\u201d aprobado por la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional4 y que \u201coper\u00f3 como sustento para la realizaci\u00f3n de una serie de acciones que derivaron en atentados contra los derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Desde la perspectiva de \u201cguerra irregular\u201d, las operaciones de contrainsurgencia ten\u00edan como objetivo quitar o fragmentar el apoyo que da la poblaci\u00f3n local5 en la zona donde sol\u00edan cobijarse los grupos subversivos, volviendo a la poblaci\u00f3n civil un blanco de guerra. En septiembre de 1996, el Pent\u00e1gono puso a disposici\u00f3n del p\u00fablico los manuales de capacitaci\u00f3n utilizados por la Escuela de las Am\u00e9ricas y confirm\u00f3 p\u00fablicamente que las t\u00e1cticas transmitidas en los manuales
\u201cviolaban la pol\u00edtica y los principios estadounidenses\u201d.
Con el tiempo la doctrina, sus estrategias y m\u00e9todos se ampliaron a otros contextos, como por ejemplo las operaciones antinarc\u00f3ticos y contraterroristas. La informaci\u00f3n compartida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se\u00f1ala que los programas \u201cBuilding Partner Capacity (o Fortaleciendo Capacidades de los Socios)7 buscan \u2026 mejorar la capacidad para realizar operaciones de contraterrorismo, antidrogas y contrainsurgencia o para apoyar operaciones militares y de estabilidad de los Estados Unidos, operaciones multilaterales de paz y otros programas\u201d.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calder\u00f3n anunci\u00f3 el inicio de la llamada \u201cGuerra contra las Drogas\u201d, una pol\u00edtica caracterizada por niveles de violencia sin precedentes en la historia reciente del pa\u00eds.<\/strong><\/mark>Esta estrategia implic\u00f3 el despliegue masivo de efectivos militares y fuerzas policiales federales, estatales y municipales, con el prop\u00f3sito principal de confrontar, eliminar f\u00edsicamente y, en menor medida, detener a miembros de organizaciones del narcotr\u00e1fico.
Esta pol\u00edtica, que provoc\u00f3 que cientos de miles de personas fueran v\u00edctimas de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, se mantuvo durante las administraciones de Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) y Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (2018-2024). <\/strong><\/mark>Bajo el pretexto de combatir a grupos criminales armados, autoridades de los tres \u00f3rdenes de gobierno incurrieron en privaciones arbitrarias de la libertad, actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas.
En el periodo 2006-2024, se advierte adem\u00e1s una respuesta violenta por parte de organizaciones criminales. Si bien en algunos casos los ataques se dirigieron a cuerpos de seguridad, las agresiones m\u00e1s frecuentes fueron contra la poblaci\u00f3n civil, con el objetivo aparente de consolidar el control territorial necesario para facilitar sus actividades delictivas, incluyendo el reclutamiento forzado y la trata de personas, como veremos m\u00e1s abajo. En este contexto, los delitos cometidos
por integrantes de organizaciones criminales y\/o particulares tampoco han sido plenamente investigados ni sancionados penalmente. No se sabe con certeza si la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes se debe a una complicidad directa entre autoridades estatales y federales con dichos grupos; a una estrategia de las organizaciones criminales para mantener o ampliar su poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico; o a un intento deliberado de debilitar a organizaciones criminales rivales o, incluso, a una combinaci\u00f3n de estos factores.
Estos cr\u00edmenes, cometidos de forma reiterada mediante el uso de recursos estatales \u2014como veh\u00edculos oficiales, instalaciones p\u00fablicas y personal armado\u2014 y conforme a esquemas operativos estandarizados, han sido ignorados o minimizados por distintas autoridades responsables de la procuraci\u00f3n e impartici\u00f3n de justicia. En t\u00e9rminos generales, los hechos no han sido objeto de investigaciones ni procesos penales o administrativos, y persiste una situaci\u00f3n
de impunidad \u201ccasi absoluta\u201d.<\/strong><\/mark>
La reflexi\u00f3n sobre la naturaleza de los cr\u00edmenes cometidos en estos distintos momentos hist\u00f3ricos ha sido escasa. El discurso institucional dominante sostiene que las desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, cuando son ejecutadas por agentes estatales es que act\u00faan al margen de las pol\u00edticas oficiales de seguridad, que se trata de hechos aislados y que las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos \u2014tanto a nivel estatal como federal\u2014 cuentan
con la capacidad y disposici\u00f3n para hacerlo.
De acuerdo con la informaci\u00f3n analizada, creemos que las desapariciones forzadas perpetradas a partir de diciembre de 2006 por autoridades, organizaciones criminales con o sin autorizaci\u00f3n, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado no pueden entenderse como hechos aislados. <\/strong><\/mark>Presentaremos elementos razonables para creer que existen indicios bien fundados de que la desaparici\u00f3n forzada se practica de manera generalizada o sistem\u00e1tica en M\u00e9xico, ya sea por
agentes estatales, por miembros de organizaciones criminales con autorizaci\u00f3n, apoyo o tolerancia del Estado, o por estos \u00faltimos actuando de manera aut\u00f3noma.
Este Informe fue coordinado por Consultora Solidaria con la participaci\u00f3n de: Adriana Jean Manuel (UABC-Colectivo Siguiendo tus Pasos), A\u00edda Hern\u00e1ndez (CIESAS), Alejandra Nu\u00f1o (ITESO), Andrea Horcasitas (Ibero Sta Fe), Andrea de la Serna (CIESAS-LAJUVI), Anna Chimiak (CEPAD), Elena Azaola (CIESAS), Fabienne Cabaret (FJEDD), Jacobo Dayan (CICA), Jos\u00e9 Antonio Guevara (CICA), Juan Mart\u00edn P\u00e9rez (Tejiendo Redes Infancia AL), Mariana Mora (CIESAS), Mariclaire Acosta (JTMx), Marisol M\u00e9ndez (FJEDD), Michael W. Chamberlin (Solidaria), Raymundo Sandoval (Plataforma por la Paz), Sandra Estrada Maldonado (Universidad de Guanajuato), Santiago Corcuera, Tania Ram\u00edrez (REDIM), V\u00edctor del Pozo (JTMx). Redacci\u00f3n: Tania Ram\u00edrez (REDIM), Jos\u00e9 Antonio Guevara (CICA) y Michael W. Chamberlin (Solidaria). Cualquier asunto relacionado con este informe, escribir a contacto@consultorasolidaria.org
Todo lo referido proviene de fuentes abiertas se\u00f1aladas en los pies de p\u00e1gina. Es documentaci\u00f3n de organizaciones civiles, de periodistas y de datos oficiales, que
constituyen indicios bien fundados de que la desaparici\u00f3n forzada se practica de forma generalizada o sistem\u00e1tica en M\u00e9xico. <\/strong><\/mark>Tal situaci\u00f3n debe ser confirmada o descartada con una investigaci\u00f3n independiente, imparcial y profesional para hacer justicia, pero tambi\u00e9n para establecer los mecanismos para la no repetici\u00f3n. Este debe ser el prop\u00f3sito de la aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 34 de la Convenci\u00f3n Internacional para la Protecci\u00f3n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.<\/p>\n\n\n\n