4 de julio de 2025.- Las personas firmantes, expertas en derechos de la ni\u00f1ez y exintegrantes del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o de las Naciones Unidas, expresamos nuestra m\u00e1s seria preocupaci\u00f3n ante la proliferaci\u00f3n de reformas legales y discursos institucionales que, en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, est\u00e1n desmantelando los principios fundamentales del sistema de justicia penal juvenil especializado.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, hemos sido testigos de un preocupante avance de medidas regresivas en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n que representan una ruptura con el r\u00e9gimen especializado que exige la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o (CDN). En Per\u00fa, se ha promulgado la Ley N.\u00ba 32330, que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os como adultos en delitos graves. En Ecuador, se ha aprobado una reforma regresiva del C\u00f3digo de Ni\u00f1ez que incorpora privaci\u00f3n de la libertad de hasta 15 a\u00f1os. En El Salvador, el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n ha conllevado la detenci\u00f3n masiva de adolescentes y su internamiento en centros penitenciarios de adultos bajo condiciones incompatibles con los est\u00e1ndares de derechos humanos. En Honduras, aunque a\u00fan no se ha materializado una reforma legislativa, las declaraciones de altos funcionarios del Estado han planteado abiertamente la posibilidad de reducir a\u00fan m\u00e1s la edad penal m\u00ednima, que actualmente es de 12 a\u00f1os, desafiando las recomendaciones internacionales que instan a fijarla en no menos de 14. Situaciones similares se est\u00e1n viviendo o se han vivido en Argentina, Colombia, Rep\u00fablica Dominicana, Guatemala, Nicaragua o Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Estas pol\u00edticas no solo desconocen el desarrollo evolutivo y la condici\u00f3n de persona en formaci\u00f3n de los adolescentes, sino que refuerzan una narrativa de criminalizaci\u00f3n de las juventudes m\u00e1s vulneradas, muchas de las cuales han sido previamente expuestas a contextos de pobreza, exclusi\u00f3n, violencia estructural y falta de oportunidades. La represi\u00f3n punitiva no puede ser la respuesta a los fracasos del Estado en garantizar derechos sociales b\u00e1sicos como educaci\u00f3n, salud, empleo digno o protecci\u00f3n frente al reclutamiento por redes delictivas.<\/p>\n\n\n\n
La Convenci\u00f3n establece claramente que la privaci\u00f3n de libertad debe ser siempre una medida de \u00faltimo recurso y por el menor tiempo posible, y que el objetivo del sistema debe ser la reintegraci\u00f3n social. La reducci\u00f3n de la edad penal o la asimilaci\u00f3n al sistema adulto no solo vulneran este marco jur\u00eddico, sino que incrementan el riesgo de tortura, tratos crueles, violencia sexual, estigmatizaci\u00f3n y reincidencia, afectando gravemente el proyecto de vida de adolescentes y comunidades enteras.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o ha reiterado que ning\u00fan Estado debe fijar una edad penal inferior a los 14 a\u00f1os, y ha instado a fortalecer modelos de justicia juvenil basados en la prevenci\u00f3n, la educaci\u00f3n y la justicia restaurativa. Cualquier reforma que reduzca derechos previamente reconocidos viola el principio de no regresividad y la propia letra de la Convenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por todo ello, exhortamos a los Estados de la regi\u00f3n a abstenerse de adoptar o mantener reformas punitivas regresivas, y a derogar aquellas ya aprobadas que contradicen sus obligaciones internacionales. En su lugar, deben invertir en pol\u00edticas p\u00fablicas de prevenci\u00f3n, apoyo familiar y comunitario, y en servicios de salud mental, educaci\u00f3n, cultura y empleo juvenil. La seguridad sostenible no se construye con m\u00e1s castigo, sino con m\u00e1s justicia social.<\/p>\n\n\n\n
Garantizar los derechos de adolescentes en conflicto con la ley no es una concesi\u00f3n: es una obligaci\u00f3n jur\u00eddica y un compromiso \u00e9tico con una sociedad m\u00e1s justa, inclusiva y libre de violencia.<\/p>\n\n\n\n
Sinal<\/p>\n\n\n\n
Marta Santos Pais, Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Ni\u00f1os
Rosa Mar\u00eda Ortiz, Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Ni\u00f1ez de la CIDH
Sara Oviedo, Ex vicepresidenta del CRC UN
Norberto Liwski, Ex vicepresidente del CRC UN
Jorge Cardona, Ex integrante del CRC UN
Marta Maur\u00e1s, Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN
Jos\u00e9 \u00c1ngel Rodr\u00edguez, Ex integrante del CRC UN
Yanghee Lee, Ex Presidenta del CRC UN
Luis Pedernera, Ex presidente del CRC UN<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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