• La complicidad corrupta de funcionarios y la violencia armada generalizada, perpetúan el reclutamiento forzado de niñas y niños en todo el país.
• Aun comprendiendo la desesperación de los pueblos indígenas, no se puede justificar el uso de niñez reclutada.
• El crimen organizado no es un monstruo sin control, son grupos criminales que operan en articulación con redes de macro criminalidad dentro del Estado y el sistema financiero.
25 de enero de 2024.- Pese a los múltiples llamados internacionales y nacionales el Estado mexicano se ha negado, por años, a tipificar el delito de reclutamiento forzado y crear programas de desvinculación de las víctimas, en especial, niñas, niños y adolescentes.
La respuesta pública del Estado es una negación de la realidad al cuestionar sus propios datos oficiales y revictimizar a las víctimas. Es muy grave que un alto funcionario del Estado de Guerrero anuncie denuncias penales contra las comunidades indígenas, porque pretenden evadir su responsabilidad legal de garantizar la seguridad de la población, además de distraer la exigencia para responder sobre los incumplimientos ante las comunidades indígenas y especialmente para evitar que se investiguen las denuncias de los vínculos entre funcionarias y funcionarios públicos locales con los grupos criminales.
La estampa recurrente de niñas y niños indígenas armados para defender sus comunidades en Guerrero, México, nos recuerda las omisiones y complicidades criminales del Estado mexicano, ya que desde 2019 medios de comunicación han registrado estos hechos. Ya son una expresión de la violencia armada que se ha generalizado en nuestro país.
Hace 17 años el Estado optó por una estrategia de guerra y militarización, misma que se ha traducido en el incremento de homicidios, desapariciones, circulación de armas ilegales y reclutamiento forzado de niñas, niños y personas jóvenes.
En México, uno de cada tres habitantes son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con datos que reporta el INEGI el incremento de homicidios infantiles es constante desde 2006, con picos en 2012, 2018 y 2021. El mayor número de homicidios entre las personas adolescentes ocurren con armas de fuego, cuando hace 15 años las principales causas de muertes ocurrían por accidentes. En los últimos años, entre 6 y 7 de cada 10 homicidios suceden por arma de fuego. Esta es una evidencia más del impacto negativo que vivimos en un contexto de violencia armada generalizada.
Recordemos que se mantiene la impunidad de los crímenes cometidos contra estas comunidades indígenas. En enero del 2020 diez músicos indígenas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados por los grupos criminales. La comunidad desesperada recurrió a actos mediáticos con niños, niñas y las viudas. Los compromisos gubernamentales no se cumplieron lo que forzó a la comunidad a inicios de 2021, a presentar nueva muy ante la prensa internacional a niñas y niños armados. Derivado de las mesas de negociación solo existen acciones fragmentadas, ocasionales, pero sobre todo sin cumplir los compromisos de seguridad y justicia pactados ante las comunidades indígenas que continúan viviendo bajo acoso criminal, con más desapariciones, sin clases en las escuelas, imposibilidad de cultivar, ejercer el comercio y conseguir los alimentos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos estado documentando esta situación desde hace más de una década con datos oficiales, y llevando a instancias internacionales como el Comité de Derechos del Niño (CRC-ONU por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA).
En 2016 y 2020 se realizaron audiencias temáticas ante la CIDH en las que fue citado el Gobierno de México, en esta última, la delegación estuvo encabezada por Alejandro Encinas, entonces Subsecretario de Derechos Humanos (SEGOB) para responder ante el reclutamiento forzado y las desapariciones niñas y niños en México, y específicamente sobre la protección a la infancia indígena en Guerrero. En la Audiencia, se recordaron los compromisos incumplidos y el Estado mexicano se comprometió a tipificar el delito de reclutamiento forzado y crear una estrategia nacional frente a la violencia armada que vive la niñez con atención focalizada en Guerrero. Llegamos al 2024 nuevamente con el incumplimiento del Gobierno, en tanto continúan impunes las crecientes estadísticas de homicidios, desaparición y reclutamiento en todo el territorio nacional.
Es importante recordar que la responsabilidad central de estos hechos reiterados es del Gobierno de México que mantiene las omisiones y complicidades criminales de las autoridades federales, estatales, municipales y las fuerzas de seguridad, que operan y se benefician dentro de las redes de macro criminalidad existentes en esa región y en el país. El crimen organizado no es un monstruo sin control, son grupos criminales que operan en articulación con redes de macro criminalidad, dentro del Estado y el sistema financiero. Las ganancias ilegales multimillonarias se insertan en la economía local y nacional con grandes beneficios económicos con garantía de impunidad.
En tanto el Estado mantenga la misma estrategia de seguridad en México, permita la corrupción e impunidad de altos mandos, la violencia continuará en todo el país, y el reclutamiento de la niñez se continuará normalizando.
Aunque la realidad sea abrumadora, es posible ofrecer alternativas para las niñas, niños y adolescentes indígenas armados en Guerrero. Ante este contexto, hacemos el llamado urgente al Estado mexicano a:
• Responder inmediatamente con una estrategia articulada de seguridad a las comunidades, persecución de todos los grupos criminales, con especial énfasis en la identificación de las redes de protección que tienen con las fuerzas de seguridad y autoridades de la región.
• Establecer para su seguimiento y de forma urgente, mesas de diálogo con las comisiones que incorporen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH.
• Retomar los trabajos de la Comisión de la Estrategia federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la Violencia Armada, que sólo sesionó una ocasión en febrero del 2020 en la Secretaría de Gobernación.
• Crear una comisión bicameral para avanzar en la reforma legal para tipificar el delito de reclutamiento forzado y la creación de programas de desvinculación para rescatar a las víctimas, en los términos recomendados por las Naciones Unidas y la CIDH.
#NiñezLibreDeGuerra
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Coordinador regional
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
