- El acoso escolar debe analizarse como un problema que involucra a toda la comunidad educativa.
- Considerar la dignidad, la no discriminación y la participación efectiva de niñas y niños son principios indispensables para políticas públicas que garanticen derechos.
- En México, Centroamérica, Venezuela o Brasil donde hay escenarios de crimen organizado la aproximación para prevenir este tipo de acoso debe ser distinta.
La políticas públicas para enfrentar el acoso escolar deben considerar la dignidad de niñas, niños y adolescentes así como los principios de no discriminación, participación efectiva y resultados medibles a favor de sus derechos, destacó Esmeralda Arosemena, Relatora de Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la “Consulta regional sobre protección de los niños del acoso escolar” el pasado viernes.
Durante su intervención en la sesión inaugural, Juan Martín Pérez García, Secretario Ejecutivo de REDLAMYC, señaló que es importante entender el acoso escolar desde el contexto estructural ya que el modelo educativo viene de siglos atrás y no ha cambiado, mientras que niñas y niños, sí, lo que provoca que las aproximaciones al problema tengan poca o nula pertinencia, por ello, es necesario que niñas y niños participen en la reestructuración de dicho modelo, así como construir espacios participativos.
Entre esas políticas se encuentra el operativo “Mochila Segura” que de acuerdo con el ponente es la joya de la corona de la discriminación, al ser una política pública contraria a los derechos humanos que cuenta con inversión, institucionalidad, actores y que además se ha normalizado. Frente a ello, apuntó que es posible diseñar políticas públicas adecuadas si se avanza bajo los principios rectores de la no discriminación, participación plena de niñas, niños y adolescentes -que permita elegir cómo resolver juntos y en igualdad de condiciones junto con la comunidad educativa- y que la política contribuya a su pleno desarrollo “si no responde a eso, no es Interés Superior del Niño, sino del adulto o de la comunidad educativa” puntualizó.
Indicó que las políticas públicas para prevenir y atender el acoso escolar, deben tener al menos tres elementos: un marco de ley nacional, institucionalidad y recursos. Agregó que se debe superar la idea del acoso escolar entre pares ya que sólo criminaliza a los involucrados dejando de lado a la comunidad educativa “es violencia social estructural la que llevamos también al sistema educativo, los acosadores son sólo el vehículo de esa violencia que se está reproduciendo en otros espacios”. Es importante reconocer a las familias diversas u homoparentales, incluyendo a la comunidad transgénero donde suele acentuarse la discriminación, el estigma y el acoso.
Acerca de la situación en México, Pérez García dijo que si bien existe una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde hace cuatro años, la Ley General de Educación aún no ha sido armonizada, por ello, las políticas públicas continúan diseñándose bajo la doctrina de situación irregular que tiene sospechosos predeterminados considerados bajo los estigmas como: sexo, raza, situación económica y familiar de las y los adolescentes.
Respecto del contexto de violencia que se vive en varios países en América Latina y el Caribe y su impacto en el acoso escolar y su prevención, el representante de REDLAMYC destacó que “vale la pena diferenciar en un diseño de política pública que no es lo mismo hablar de acoso en términos de las relaciones o las interrelaciones en una zona pacífica que en lugares como en México, Centroamérica, Venezuela o Brasil donde hay escenarios de crimen organizado la aproximación tiene que ser totalmente distinta” refiriéndose a las altas condiciones de riesgo a que se exponen a las y los alumnos y personal docente.
Concluyó destacando que es necesario conceptualizar de forma apropiada las políticas públicas para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes del acoso escolar y que no se trate de una simulación -con recursos públicos y la institucionalidad del estado- en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes como lo es el operativo “Mochila Segura”.
El encuentro contó con la participación de especialistas de organismos internacionales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de más de 16 países de América Latina y el Caribe y permitió compartir aprendizajes y prácticas exitosas para proteger a niñas, niños y adolescentes del acoso escolar. Participaron como moderadores en las conferencias las y los integrantes de REDLAMYC, Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Carlos Mamani de la Coalición Boliviana por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Jorge Martínez del Foro Chileno por los derechos de la Infancia y la adolescencia, Francisco Leonardo Feliz de la Coalición de ONG por la infancia y la adolescencia de República Dominicana y Ana María Watson del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN Perú).
Contacto con medios: Verónica Morales, Oficial Regional de Comunicación #TejiendoRedesInfancia