04 de enero, 2024. Nosotras, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de niñas y niños, desde diversos ámbitos y lugares del mundo, nos dirigimos a su Excelencia a fin de llamar su atención sobre la crítica situación en Gaza. Como ha sido señalado por 22 Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas el pasado 16 de noviembre de 2023, las graves violaciones cometidas por Israel contra el pueblo palestino después del 7 de octubre, particularmente en Gaza, apuntan a un genocidio en ciernes. (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-preventgenocide-against) (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/12/gaza-strip-states-are-obliged-preventcrimes-against-humanity-and-genocide) (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 09 diciembre 1948 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-preventionand-punishment-crime-genocide)
Las personas firmantes de este escrito estamos profundamente preocupadas por el hecho de que los gobiernos no hayan atendido los llamamientos a un alto el fuego inmediato, así como por el apoyo de ciertos gobiernos a la estrategia de guerra de Israel contra la población sitiada de Gaza, y el fracaso del sistema internacional para movilizarse en orden a prevenir el genocidio.
Según se informa, el bombardeo y el asedio de Gaza ha provocado, a finales de diciembre de 2023, un número de víctimas desgarrador: 21,672 muertos y 56,165 heridos, según las autoridades sanitarias gazatíes, así como más de 1,6 millones de personas desplazadas desde el 7 de octubre de 2023, mientras que miles de personas siguen bajo los escombros. De los asesinados, alrededor del 41 por ciento son niños y el 25 por ciento son mujeres. En promedio, un niño muere y dos resultan heridos cada 10 minutos en Gaza, lo que la convierte en un “cementerio de niños”, según el Secretario General de la ONU. También han sido asesinados más de 200 médicos, más 100 miembros del personal de la ONU, y medio centenar de periodistas y defensores de los derechos humanos, mientras que decenas de familias a lo largo de cinco generaciones han sido aniquiladas.
Esto ocurre en medio del endurecimiento por parte de Israel de su bloqueo ilegal de Gaza desde hace 16 años, que ha impedido que las personas escapen y las ha dejado sin alimentos, agua, medicinas y combustible durante semanas, a pesar de los llamamientos internacionales para brindar acceso a ayuda humanitaria crítica. Más de la mitad de la infraestructura civil en Gaza ha sido destruida, incluidas más de 40.000 viviendas, así como hospitales, escuelas, mezquitas, panaderías, tuberías de agua, alcantarillado y redes eléctricas, de una manera que amenaza con dificultar la continuación de la vida palestina en Gaza.
Estas violaciones tan atroces no pueden justificarse en nombre de la autodefensa después de los ataques feroces de Hamas el 7 de octubre, que hemos condenado, y seguiremos haciendo, en los términos más enérgicos posibles. Para que sea legítima, la respuesta de Israel debe estar estrictamente dentro del marco del derecho internacional humanitario. La presencia de túneles subterráneos en partes de Gaza no elimina el estatus civil de personas e infraestructuras que no pueden ser atacadas directamente ni sufrir de manera desproporcionada.
Si no se aplica urgentemente un alto el fuego, se corre el riesgo de que esta situación se convierta en un genocidio llevado a cabo con medios y métodos de guerra del siglo XXI.
Por ello, las personas firmantes de este escrito apoyamos firmemente la demanda presentada, el pasado 29 de diciembre de 2023, por África del Sur ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en relación a supuestas violaciones por parte de Israel de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre la prevención y la represión del crimen de genocidio en lo que concierne a los Palestinos en la franja de Gaza.
En su solicitud, Sudáfrica afirma que “los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque van acompañados de la intención específica requerida […] de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial o étnico¨ y que, “mediante su conducta -a través de sus órganos y agentes y de otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia- hacia los palestinos de Gaza, Israel incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.
Sudáfrica también sostiene que “Israel, en particular desde el 7 de octubre de 2023, incumplió su obligación de prevenir el genocidio, así como su obligación de castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio” y “ha cometido, está cometiendo y es probable que siga cometiendo actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”.
Sudáfrica pretende basar la competencia de la Corte en el artículo 36, párrafo 1 del Estatuto de la Corte y en el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio, de la que Sudáfrica e Israel son partes.
La Convención sobre el Genocidio es de suma importancia para prevenir y castigarlo. Todo acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso constituye un crimen de derecho internacional. La prohibición del genocidio es una norma de ius cogens del derecho internacional. Los derechos y obligaciones consagrados por la Convención se deben a la comunidad internacional en su conjunto (derechos y obligaciones erga omnes partes) .
La comunidad internacional tiene la obligación de prevenir crímenes atroces, incluido el genocidio, y debe considerar inmediatamente todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas con ese fin. Cuando un tratado, como la Convención sobre el Genocidio, incorpora cuestiones de interés colectivo, el difunto Juez Cançado Trindade hizo un llamamiento a todos los Estados Partes para que contribuyeran a la correcta interpretación del tratado como una especie de “garantía colectiva de la observancia de las obligaciones contraídas por los Estados Partes”
Por ello, le instamos a que, como representante de un Estado democrático y amante de la paz que es parte en la Convención sobre el Genocidio, se plantee sumarse a la demanda de Sudáfrica contra Israel o, cuanto menos, de conformidad con el artículo 63, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ejerza el “derecho” de intervención que le confiere dicha disposición, presentándose ante la Corte a fin de fortalecer la interpretación de la Convención contra el Genocidio.
#AltoALaGuerraContraLaNiñez
Marta Santos Pais
Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños
Rosa María Ortiz
Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH
Sara Oviedo
Ex vicepresidenta del CRC UN,
Marta Maurás
Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN,
Norberto Liwski
Ex vicepresidente del CRC UN,
Jorge Cardona
Ex integrante del CRC UN
José Ángel Rodríguez
Ex integrante del CRC UN
Yanghee Lee,
Ex Presidenta del CRC UN
Susana Villarán,
Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH
[English Version]
Request to States to support South Africa’s request to prevent genocide against
children in Gaza
We, individuals and organizations defending the human rights of children, from various fields and locations around the world, write to draw your Excellency’s attention to the critical situation in Gaza. As noted by 22 UN Special Procedures on 16 November 2023, the grave violations committed by Israel against Palestinians after 7 October, particularly in Gaza, point to a looming genocide in the making. (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-preventgenocide-against) (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/12/gaza-strip-states-are-obliged-preventcrimes-against-humanity-and-genocide) (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide 09 December 1948 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/conventionprevention-and-punishment-crime-genocide)
We the undersigned are deeply concerned by the failure of governments to heed calls for an immediate ceasefire, as well as by the support of certain governments for Israel’s war strategy against the besieged population of Gaza, and the failure of the international system to mobilize to prevent genocide. The bombardment and siege of Gaza is reported to have resulted, by the end of December 2023, in a heartbreaking death toll: 21,672 dead and 56,165 wounded, according to Gazan health authorities, as well as more than 1.6 million people displaced since 7 October 2023, while thousands remain under the rubble. Of those killed, about 41 percent are children and 25 percent are women. On average, one child is killed and two injured every 10 minutes during the war, making Gaza a “graveyard of children”, according to the UN
Secretary-General. More than 200 medics, over 100 UN staff, and half a hundred journalists, human rights defenders and frontline human rights defenders have also been killed, while dozens of families across five generations have been wiped out.
This comes amid Israel’s tightening of its illegal 16-year blockade of Gaza, which has prevented people from escaping and left them without food, water, medicine and fuel for weeks, despite international appeals to provide access to critical humanitarian aid. More than half of Gaza’s civilian infrastructure has been destroyed, including more than 40,000 homes, as well as hospitals, schools, mosques, bakeries, water pipes, sewage and electricity grids, in a manner that threatens to make it difficult for Palestinian life to continue in Gaza.
Such egregious violations cannot be justified in the name of self-defense following the Hamas attacks on 7 October, which we have condemned in the strongest possible terms. To be legitimate, Israel’s response must be strictly within the framework of international humanitarian law. The presence of underground tunnels in parts of Gaza does not remove the civilian status of people and infrastructure that cannot be directly targeted or suffer disproportionately.
If a ceasefire is not urgently implemented, this situation risks turning into a genocide carried out with 21st century means and methods of warfare. We, the undersigned therefore strongly support the application filed on 29 December 2023 by South Africa before the International Court of Justice against the State of Israel concerning alleged violations by Israel of its obligations under the Convention on the Prevention and Suppression of the Crime of Genocide with regard to the Palestinians in the Gaza Strip.
In its request, South Africa asserts that “Israel’s acts and omissions are genocidal in nature because they are accompanied by the requisite specific intent […] to destroy the Palestinians in Gaza Strip. ] to destroy the Palestinians of Gaza as part of the broader national, racial and ethnic group of the Palestinians of Gaza” and that, “by its conduct – through its organs and agents and other persons and entities acting on its instructions or under its direction, control or influence – towards the Palestinians of Gaza, Israel is in breach of its obligations under the Genocide Convention”.
South Africa also argues that “Israel, in particular since 7 October 2023, breached its obligation to prevent genocide, as well as its obligation to punish direct and public incitement to commit genocide” and “has committed, is committing and is likely to continue to commit acts of genocide against the Palestinian people in Gaza”.
South Africa seeks to base the Court’s jurisdiction on Article 36(1) of the Court’s Statute and Article IX of the Genocide Convention, to which it and South Africa are parties.
The Genocide Convention is of paramount importance for the prevention and punishment of genocide. Any act committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group constitutes a crime under international law. The prohibition of genocide is a jus cogens norm of international law. The rights and obligations enshrined in the Convention are owed to the international community as a whole (rights and obligations erga omnes partes).
The international community has an obligation to prevent atrocity crimes, including genocide, and must immediately consider all diplomatic, political and economic measures to that end. When a treaty, such as the Genocide Convention, incorporates issues of collective concern, the late Judge Cançado Trindade called on all States Parties to contribute to the correct interpretation of the treaty as a kind of “collective guarantee of the observance of the obligations undertaken by the States Parties” .
We therefore urge you, as representative of a democratic and peace-loving State party to the Genocide Convention, to consider either joining South Africa’s application against Israel or, at the very least, in accordance with Article 63(2) of the Statute of the International Court of Justice, to exercise your “right” of intervention under that provision by appearing before the Court in order to strengthen the interpretation of the Genocide Convention.
