Cifras oficiales desmienten el discurso punitivo: la justicia para adolescentes representa sólo 1.3% de las carpetas de investigación
- Hoy se cumplen 10 años de la publicación en el DOF de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
- Organizaciones llaman a fortalecer la protección integral: menos castigo público, más prevención, defensa temprana, justicia restaurativa segura, protección frente a la violencia institucional y atención ante el reclutamiento criminal.
16 de junio de 2026.- A diez años de la publicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las cifras oficiales ofrecen una conclusión clara para el debate público: México ha reducido el uso del internamiento adolescente, pero aún no ha construido una política suficiente para prevenir y responder a las violencias que atraviesan la vida de niñas, niños y adolescentes.
Frente a casos de alto impacto, suelen reaparecer llamados a más encierro, penas más largas o retrocesos en derechos humanos. Los datos muestran otra realidad. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, durante 2024 se abrieron 2,139,228 carpetas de investigación; de ellas, sólo 1.3% correspondió a justicia para adolescentes. En ese mismo año, las fiscalías estatales registraron 30,256 delitos del fuero común en la justicia adolescente.
La crisis penal mexicana se concentra de manera abrumadora en el sistema de personas adultas, no en adolescentes. Aun así, las personas adolescentes suelen ocupar un lugar desproporcionado en discursos de miedo, castigo y estigmatización, especialmente cuando son hombres, viven en pobreza, enfrentan discriminación racial o habitan territorios atravesados por violencia criminal.
La evidencia del INEGI también muestra que el internamiento adolescente ha disminuido. La Estadística sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) reporta que las personas adolescentes imputadas pasaron de 36,123 en 2017 a 22,654 en 2021 y hubo un repunte a 32,852 en 2023. En contraste, los ingresos a centros de internamiento bajaron de 2,728 en 2017 a 1,508 en 2023. Además, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2025 reporta 1,461 personas adolescentes internadas al cierre de 2024.
La conclusión no es que el sistema deba castigar más, sino que debe intervenir mejor y antes. La reducción del internamiento puede ser un avance cuando va acompañada de defensa especializada, medidas no privativas robustas, justicia restaurativa segura, atención psicosocial, educación, salud mental, protección comunitaria y reparación para las víctimas. Pero puede convertirse en abandono si el Estado traslada la carga a familias, escuelas y comunidades sin presupuesto, acompañamiento ni servicios suficientes.
El balance tampoco puede medirse sólo por cuántas personas adolescentes son imputadas o internadas. La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022 documentó que 65.9% de la población adolescente en el SIJPA sufrió violencia psicológica al momento de la detención; 45.9% sufrió violencia física; y 38.7% reportó despojo o robo de dinero o pertenencias por parte de la autoridad. Estos datos obligan a colocar la violencia institucional, la defensa temprana y el debido proceso en el centro de la discusión.
Fortalecer la protección integral de justicia para adolescentes empieza en la detención, no en la sentencia. Ningún sistema puede llamarse especializado si tolera golpes, insultos, incomunicación, despojo o presiones contra adolescentes desde el primer contacto con la autoridad.
Identificamos dos desafíos urgentes. El primero es la presencia relevante y mayor visibilidad de violencias sexuales en las carpetas de justicia para adolescentes. En 2023, el abuso sexual fue el cuarto delito más frecuente en carpetas de investigación de justicia penal adolescente, con 9.0% del total de delitos registrados por EPACOL. Esta realidad exige respuestas con perspectiva de género, protección efectiva a víctimas, educación sexual integral, prevención de violencia en el noviazgo, intervención sobre la socialización machista y límites claros a la justicia restaurativa cuando existan asimetrías, coacción o riesgo de revictimización.
El segundo desafío es el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. La falta de un tipo penal autónomo en el código penal federal impide registrar el fenómeno con precisión, fragmenta las investigaciones y puede convertir a adolescentes utilizados por estructuras adultas en el último eslabón castigable de redes criminales. La CIDH, en su Resolución 1/26 sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas, recomendó tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, reconocerles como víctimas de especial protección y garantizar medidas integrales de prevención, protección, atención, reparación y reintegración.
El país necesita dejar de preguntar únicamente qué hizo una persona adolescente y empezar a preguntar qué le ocurrió antes, qué personas adultas se beneficiaron, qué instituciones fallaron y qué redes de protección no llegaron a tiempo. Eso no significa impunidad; significa investigar mejor, proteger mejor y reparar mejor.
A diez años de la Ley Nacional del SIJPA, México cuenta con un marco legal especializado, pero su implementación sigue siendo desigual. Persisten diferencias territoriales severas, datos fragmentados, fallas de defensa temprana, violencia institucional en detenciones, insuficiencia de programas no privativos y falta de protocolos robustos para identificar perfiles altamente vulnerados, alertas de violencia sexual, necesidades de salud mental, consumo problemático y riesgo de represalias.
Por ello, llamamos al Estado mexicano a impulsar una agenda de fortalecimiento de la protección integral de adolescentes en conflicto con la ley, con siete prioridades:
- Construir un sistema nacional de información sobre justicia para adolescentes, con datos abiertos, comparables y desagregados sobre imputaciones, víctimas, medidas, mecanismos alternativos, internamiento, defensa, violencia institucional, salud mental, violencia sexual y posibles indicios de reclutamiento o utilización criminal.
- Garantizar defensa especializada desde el primer contacto con policías, fiscalías y juzgados, así como evaluación médica independiente, comunicación inmediata con familia o persona de confianza, y registro verificable de toda detención.
- Erradicar la violencia institucional contra adolescentes mediante protocolos obligatorios, supervisión externa, investigación de malos tratos, sanción a autoridades responsables y exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción.
- Fortalecer medidas no privativas de libertad con presupuesto suficiente, seguimiento comunitario, educación, salud mental, cultura, deporte, reparación del daño y acompañamiento familiar.
- Responder a las violencias sexuales con protección reforzada a víctimas, criterios estrictos para salidas restaurativas, programas especializados para adolescentes señalados y trabajo sistemático para trabajar sus machismos y violencias.
- Tipificar en el código penal federal de manera autónoma el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, conforme a estándares internacionales ya solicitados reiteradamente a México por la CIDH y el Comité de Derechos del Niños de la ONU.
- Fortalecer a familias, escuelas, comunidades, municipios y sistemas de protección como redes de prevención y contención, en lugar de responder a la violencia social con más encierro adolescente.
La próxima década no debe medirse por la expansión del castigo, sino por la capacidad del Estado para llegar antes, proteger mejor, investigar con mayor inteligencia, reparar a las víctimas y evitar que niñas, niños y adolescentes sean reducidos a expedientes penales.
Atentamente
Tejiendo Redes Infancia y Justicia Juvenil Internacional
Mtro Francisco Castellanos García, INACIPE
Juan Martín Pérez García, Consultor internacional
