- La defensa de Raymundo Francisco N., imputado en la causa judicial 04556/2023, busca modificar la medida cautelar vigente. El caso involucra la muerte de Ángel Moreno, adolescente con discapacidad que falleció bajo custodia del Estado en instalaciones del DIF Nuevo León.
- Tejiendo Redes Infancia advierte que modificar la medida cautelar sin evaluación estricta de riesgos enviaría un mensaje de impunidad en un caso documentado por la Fiscalía, la CEDHNL y la CNDH como violaciones graves a derechos humanos contra un adolescente con discapacidad.
7 de julio de 2026.- Tejiendo Redes Infancia alerta a medios de comunicación, organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía sobre una audiencia solicitada por la defensa de Raymundo Francisco N., imputado dentro de la causa judicial 04556/2023 por hechos relacionados con el homicidio doloso del niño con discapacidad Ángel Moreno.
Advertimos que esta audiencia no puede tratarse como un trámite ordinario. El caso Ángel Moreno es paradigmático porque exhibe una pregunta central para el Estado de derecho en Nuevo León: ¿qué ocurre cuando una niña, niño o adolescente muere bajo responsabilidad directa de una institución pública que debía protegerle?
Ángel no murió en circunstancias ajenas al Estado. Vivió más de diez años institucionalizado, junto con su hermana, en espacios de cuidados alternativos bajo responsabilidad del gobierno de Nuevo León y del sistema DIF. Como persona adolescente con discapacidad, tenía derecho a protección reforzada, a vivir en familia, a recibir cuidados profesionales, a crecer libre de violencia y a que toda autoridad actuará bajo el principio del interés superior de la niñez.
La Recomendación 01VG/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León documentó violaciones graves a derechos humanos por el fallecimiento de Ángel Manuel Moreno, de 14 años, quien presentaba múltiples discapacidades. La CEDHNL concluyó en su recomendación que fue un Crimen de Estado por las diversas violaciones documentadas: maltrato, falta de cuidado, negligencia y dolo en la actuación de personal del DIF Nuevo León que intentó eliminar evidencia con la cremación del cuerpo; además reconoció afectaciones a derechos como la vida, integridad, vida libre de violencia, salud, legalidad, verdad, dignidad, interés superior y derechos de las personas con discapacidad. De manera reciente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió otra recomendación por el homicidio de Ángel Moreno, ratificando la recomendación de su homóloga local.
Por ello, cualquier decisión judicial sobre la medida cautelar debe valorar el contexto completo de la causa penal 04556/2023 que incluye a otros funcionarios públicos de alto nivel: Mauricio Miguel N, Alan N y Miguel Ángel N, por hechos constitutivos de homicidio doloso y encubrimiento, vinculados al caso de Ángel Moreno. La impunidad sigue latente por la posición institucional y política de las personas involucradas, por la capacidad de influencia sobre testigos o autoridades, los antecedentes de ocultamiento señalados por la Fiscalía, la CEDHNL, la CNDH y las víctimas; así como el riesgo de sustracción procesal, intimidación contra las víctimas indirectas y el impacto público de una decisión que pueda debilitar la rendición de cuentas. Todo lo anterior va en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La presunción de inocencia debe respetarse en todo momento. Pero este principio no puede utilizarse para invisibilizar los derechos de las víctimas indirectas a la verdad, la justicia, la protección judicial efectiva, la reparación integral y la no repetición. En casos de violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes bajo custodia estatal, el Poder Judicial tiene un deber reforzado de diligencia, motivación y control de riesgos.
El Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el interés superior de la niñez implica un deber reforzado de protección integral y que las autoridades judiciales deben aplicar una perspectiva diferenciada, especializada e interseccional cuando están comprometidos derechos de niñas, niños y adolescentes.
Juzgar con perspectiva de infancias significa reconocer que Ángel no tuvo condiciones reales para denunciar, protegerse o escapar de la violencia institucional. También exige impedir que el proceso penal reproduzca la misma lógica adultocéntrica que durante años silenció su historia. El adultocentrismo opera como un sistema de dominio que coloca la decisión y el control en personas adultas e instituciones, mientras subordina a niñas, niños y adolescentes en planos materiales y simbólicos.
Tejiendo Redes Infancia solicita al juez de control:
- Primero. Rechazar cualquier sustitución de la medida cautelar si la defensa no acredita, con datos objetivos y suficientes, que cambiaron las condiciones que justificaron su imposición.
- Segundo. Escuchar de manera efectiva a las víctimas indirectas y garantizar su participación en la audiencia.
- Tercero. Ordenar o exigir una evaluación actualizada de riesgos que considere sustracción procesal, obstaculización, presión sobre testigos, destrucción de pruebas, influencia institucional, protección política y revictimización.
- Cuarto. Valorar la Recomendación 01VG/2023 de la CEDHNL como elemento de contexto sobre violaciones graves a derechos humanos, responsabilidad institucional y deber de no repetición.
- Quinto. Emitir una resolución fundada y motivada bajo estándares de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las personas con discapacidad y derechos de las víctimas.
La sociedad de Nuevo León no puede permitir que la muerte de un adolescente con discapacidad bajo custodia del Estado quede atrapada entre formalismos, dilaciones y decisiones judiciales que debiliten la rendición de cuentas. El caso Ángel Moreno representa una deuda abierta con la niñez institucionalizada, con las personas con discapacidad y con todas las familias que han denunciado abandono, negligencia y violencia en espacios que deberían proteger.
Tejiendo Redes Infancia llama a medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones de derechos humanos y ciudadanía a dar seguimiento puntual a esta audiencia. Lo que está en juego no es sólo una medida cautelar: es el mensaje que el Poder Judicial enviará frente a una muerte infantil ocurrida bajo responsabilidad del Estado.
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