-Entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar en riesgo de ser reclutados o explotados por organizaciones criminales en nuestro país (REDIM).
-7 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada afirmaron haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro del cártel (Reinserta, 2022).
-7 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada desempeñaron actividades de sicariato (Reinserta, 2022).
-6 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada afirmaron haber vivido en entornos con normalización de violencia durante su infancia (Reinserta, 2022).
-8 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por la delincuencia organizada afirmaron haber desarrollado un sentido de pertenencia dentro del cártel (Reinserta, 2022).
Ciudad de México, 6 de marzo de 2025.- Desde Reinserta y Tejiendo Redes Infancia reprobamos la reforma votada en la Cámara de Diputados que, en lugar de tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada, opta por modificar el delito existente de corrupción de menores. Esta decisión encuadra el fenómeno dentro de una figura jurídica que fue diseñada en 1966 para atender problemáticas distintas, lo que impide reconocer adecuadamente las dinámicas de captación, coerción y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales. Al hacerlo, la reforma invisibiliza la complejidad del fenómeno y limita la posibilidad de construir respuestas institucionales adecuadas.
Resulta especialmente preocupante que la reforma aprobada privilegie una respuesta centrada en el aumento de penas frente a un fenómeno profundamente complejo. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ocurre en contextos de violencia, desigualdad, abandono institucional y presencia territorial de la delincuencia organizada, dinámicas que no se transforman únicamente con sanciones más altas. Esta lógica punitiva resulta aún más contradictoria si se considera que el dictamen deriva de 14 iniciativas legislativas presentadas en la Cámara de Diputados, muchas de las cuales buscaban precisamente tipificar de manera autónoma dicha conducta, reconociendo que el fenómeno requiere un marco jurídico específico para ser comprendido y enfrentado. Sin embargo, el resultado final mantiene el problema dentro de un tipo penal que históricamente no ha permitido abordarlo de manera efectiva. Esta decisión, además, se aparta de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde hace más de una década ha señalado la necesidad de tipificar esta conducta de forma autónoma para garantizar una protección efectiva de la infancia. En consecuencia, lejos de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, la reforma perpetúa un marco legal insuficiente frente a una de las formas más graves de violencia contra la niñez.
Lo anterior nos obliga a hacernos algunas preguntas incómodas. Si sabemos que los centros de internamiento están llenos de adolescentes que fueron captados por estructuras criminales; si conocemos los factores de riesgo que facilitan su reclutamiento y los factores protectores que podrían prevenirlo, ¿por qué sigue existiendo resistencia a reconocer y tipificar el reclutamiento expreso de niñas, niños y adolescentes? ¿A qué se le tiene miedo al nombrar el fenómeno como lo que es? A un año de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, resulta inevitable preguntarnos si realmente se está legislando con conocimiento de la realidad que viven miles de infancias en el país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndonos de la vista gorda frente a esta extrema violencia? Y, sobre todo, ¿a quién le está temblando la mano cuando se trata de establecer un marco legal que verdaderamente proteja a niñas, niños y adolescentes?
Ante este escenario, el Senado de la República tiene ahora una oportunidad histórica para revisar con responsabilidad el contenido de la reforma y avanzar hacia un marco jurídico verdaderamente protector para la niñez y la adolescencia. Abrir una discusión amplia, informada y basada en evidencia permitirá incorporar la experiencia de especialistas, organizaciones y actores que han documentado durante años dicho fenómeno. Sólo reconociendo y nombrando el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como lo que es, será posible enfrentarlo con la seriedad y las herramientas que exige.
Por ello, hacemos un llamado al Senado a no ignorar la gravedad del fenómeno y a establecer una respuesta legal que visibilice el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, coloque a las víctimas en el centro y permita construir políticas públicas efectivas para su prevención, protección y restitución de derechos.
Relación con medios:
Reinserta, Circe González / [email protected]
Tejiendo Redes Infancia, Verónica Morales / [email protected]
