- El informe señala que al 19 de agosto de 2025, había 18,192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México.
- La desaparición mantiene una “relación fundamental” con la actuación del crimen organizado y, en diversos contextos, con la aquiescencia de agentes estatales.
- En muchos casos, el reclutamiento aparenta ser “voluntario”, pero en realidad está atravesado por pobreza, exclusión, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ausencia estatal y búsqueda de pertenencia.
Ciudad de México, a 12 de mayo de 2026.
El nuevo Informe sobre desapariciones en México, elaborado y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma lo que familias, colectivos y organizaciones han denunciado durante años: la desaparición de personas no es un fenómeno marginal, sino una expresión profunda de la crisis de derechos humanos en el país. El propio Informe reconoce que entre las personas desaparecidas existen perfiles particularmente afectados, como niños y hombres jóvenes vinculados a dinámicas de reclutamiento por parte del crimen organizado (párr. 3). Asimismo, la CIDH hizo mención al consenso existente entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos en torno a la “relación fundamental” que existe entre la desaparición de personas y la actuación del crimen organizado, la cual, en diversos contextos, opera con la aquiescencia de agentes estatales (párr. 5). Además, el Informe advierte que superar esta crisis exige identificar y desarticular las redes de complicidad con el crimen organizado, fortalecer las instituciones del Estado y garantizar la participación central de las víctimas y sus familias en la construcción de respuestas y políticas públicas (párr. 18).
El Informe documenta que, al 19 de agosto de 2025, México registraba 18,192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, reflejando la magnitud y gravedad de esta crisis para las infancias y juventudes del país (párr. 59). Además, señala que persisten limitaciones en la aplicación de protocolos específicos para la búsqueda de esta población, así como en la incorporación de enfoques comunitarios e interculturales en estos procesos. Como ejemplo de estas barreras, retoma el caso de Alexis Sánchez Cabanzo, niño indígena de tres años cuya búsqueda no fue difundida de manera inmediata en náhuatl ni desarrollada con cercanía comunitaria, evidenciando cómo la falta de dichos enfoques continúa afectando el acceso a la búsqueda y la justicia (párr. 82).
La Comisión profundiza en la relación entre desaparición y reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado. Entre los hallazgos, se menciona la recolección de testimonios de colectivos de búsqueda en Sonora, quienes alertan sobre casos de adolescentes de entre 13 y 14 años incorporados a grupos criminales mediante ofrecimientos económicos o promesas vinculadas al uso de armas. Mencionando que, mientras algunos logran regresar con vida, otros permanecen dentro de esas estructuras o fallecen en hechos violentos (párr. 83). En esa misma línea, cabe destacar el testimonio de “Alfredo”, adolescente que relató haber sido privado de la libertad junto con otros jóvenes en el Estado de México, para posteriormente ser trasladado a un campo de entrenamiento armado en Guerrero, del cual logró escapar durante un enfrentamiento entre el grupo criminal y el Ejército (párr. 84). Así, a través de diversos relatos, se evidencia cómo niñas, niños y adolescentes continúan siendo expuestos a dinámicas extremas de violencia, control y utilización criminal en distintos territorios del país.
Asimismo, el Informe señala que estas dinámicas también alcanzan a los jóvenes, particularmente a través de mecanismos de engaño como lo son falsas ofertas laborales, en entidades como Nayarit, Jalisco y Zacatecas (párr. 86). De igual forma, citando información del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, advierte que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos tiene una mayor incidencia en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas (párr. 83). De esa manera, refleja la expansión de estrategias de captación criminal dirigidas tanto a infancias y adolescencias como a juventudes, en las diversas regiones de nuestro país.
El Informe también advierte que, en muchos casos, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes puede aparentar ser “voluntario”, aunque en realidad se encuentra profundamente condicionado por contextos de violencia y exclusión. Factores como la pobreza, la ausencia de oportunidades, la violencia física y sexual al interior de las familias, la debilidad institucional y la cercanía cotidiana con dinámicas del crimen organizado, generan escenarios de vulnerabilidad que facilitan la captación de infancias y adolescencias, muchas veces bajo la búsqueda de pertenencia, protección o reconocimiento social (párr. 85). Estas condiciones evidencian que el reclutamiento no puede analizarse de manera aislada, sino como resultado de entornos marcados por desigualdad, abandono y violencia estructural.
En ese sentido, el Informe subraya que las y los adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en contextos de criminalidad organizada, debido al riesgo constante de ser captados y utilizados, comprometiendo su vida, integridad y posibilidades de desarrollo integral (párr. 88). Asimismo, enfatiza que el interés superior de la niñez obliga a los Estados a adoptar medidas especiales de protección, incluyendo acciones urgentes y eficaces para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades ilícitas, así como garantizar derechos fundamentales como la educación en contextos atravesados por violencia y exclusión social. Bajo esta lógica, el Informe sostiene que las infancias y adolescencias reclutadas por grupos criminales deben ser reconocidas y tratadas como víctimas, colocando su protección y restitución de derechos en el centro de la respuesta estatal (párr. 90).
Frente a esta realidad, resulta urgente que el Estado mexicano avance en la tipificación del delito autónomo de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado. Nombrar esta violencia en el marco penal no sólo es indispensable para prevenir, investigar, sancionar y reparar, sino también para generar un piso mínimo institucional que permita construir políticas públicas, mecanismos de protección y estrategias de prevención acordes con la magnitud de la crisis. En esa línea, el Informe señala la necesidad de atender las causas diferenciadas del riesgo con perspectiva de género en la implementación de políticas de protección de niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado (Recomendación 4). De igual manera, llama a la difusión de compromisos y resultados sobre detección y prevención del reclutamiento forzado (Recomendación 9). Asimismo, en el caso de niñas y mujeres desaparecidas, exige la implementación efectiva del Protocolo ALBA y la activación inmediata de su búsqueda (Recomendaciones 5 y 6).
No se trata únicamente de buscar a nuestras personas desaparecidas. Se trata de impedir que continúen siendo captadas, utilizadas, violentadas y desaparecidas por estructuras de macrocriminalidad que operan en los diferentes territorios del país. Reconocer esta realidad y actuar frente a ella es una obligación urgente del Estado mexicano y una responsabilidad colectiva que no puede seguir postergándose.
Relación con medios –
Tejiendo Redes Infancia Verónica Morales
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Reinserta Circe González Garzón
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