Llamado urgente frente a las regresiones en justicia penal juvenil en América Latina y el Caribe

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4 de julio de 2025.- Las personas firmantes, expertas en derechos de la niñez y exintegrantes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, expresamos nuestra más seria preocupación ante la proliferación de reformas legales y discursos institucionales que, en varios países de América Latina y el Caribe, están desmantelando los principios fundamentales del sistema de justicia penal juvenil especializado.

En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante avance de medidas regresivas en varios países de la región que representan una ruptura con el régimen especializado que exige la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). En Perú, se ha promulgado la Ley N.º 32330, que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en delitos graves. En Ecuador, se ha aprobado una reforma regresiva del Código de Niñez que incorpora privación de la libertad de hasta 15 años. En El Salvador, el régimen de excepción ha conllevado la detención masiva de adolescentes y su internamiento en centros penitenciarios de adultos bajo condiciones incompatibles con los estándares de derechos humanos. En Honduras, aunque aún no se ha materializado una reforma legislativa, las declaraciones de altos funcionarios del Estado han planteado abiertamente la posibilidad de reducir aún más la edad penal mínima, que actualmente es de 12 años, desafiando las recomendaciones internacionales que instan a fijarla en no menos de 14. Situaciones similares se están viviendo o se han vivido en Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua o Panamá.

Estas políticas no solo desconocen el desarrollo evolutivo y la condición de persona en formación de los adolescentes, sino que refuerzan una narrativa de criminalización de las juventudes más vulneradas, muchas de las cuales han sido previamente expuestas a contextos de pobreza, exclusión, violencia estructural y falta de oportunidades. La represión punitiva no puede ser la respuesta a los fracasos del Estado en garantizar derechos sociales básicos como educación, salud, empleo digno o protección frente al reclutamiento por redes delictivas.

La Convención establece claramente que la privación de libertad debe ser siempre una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, y que el objetivo del sistema debe ser la reintegración social. La reducción de la edad penal o la asimilación al sistema adulto no solo vulneran este marco jurídico, sino que incrementan el riesgo de tortura, tratos crueles, violencia sexual, estigmatización y reincidencia, afectando gravemente el proyecto de vida de adolescentes y comunidades enteras.

El Comité de los Derechos del Niño ha reiterado que ningún Estado debe fijar una edad penal inferior a los 14 años, y ha instado a fortalecer modelos de justicia juvenil basados en la prevención, la educación y la justicia restaurativa. Cualquier reforma que reduzca derechos previamente reconocidos viola el principio de no regresividad y la propia letra de la Convención.

Por todo ello, exhortamos a los Estados de la región a abstenerse de adoptar o mantener reformas punitivas regresivas, y a derogar aquellas ya aprobadas que contradicen sus obligaciones internacionales. En su lugar, deben invertir en políticas públicas de prevención, apoyo familiar y comunitario, y en servicios de salud mental, educación, cultura y empleo juvenil. La seguridad sostenible no se construye con más castigo, sino con más justicia social.

Garantizar los derechos de adolescentes en conflicto con la ley no es una concesión: es una obligación jurídica y un compromiso ético con una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencia.

Sign

Marta Santos Pais, Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños
Rosa María Ortiz, Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH
Sara Oviedo, Ex vicepresidenta del CRC UN
Norberto Liwski, Ex vicepresidente del CRC UN
Jorge Cardona, Ex integrante del CRC UN
Marta Maurás, Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN
José Ángel Rodríguez, Ex integrante del CRC UN
Yanghee Lee, Ex Presidenta del CRC UN
Luis Pedernera, Ex presidente del CRC UN