En el marco de la 70th Sesión de laComisión de la Condición Jurídica y Social de la En el marco de la 70th Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), celebrada en la Ciudad de Nueva York, organizaciones, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres se reúnen para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes hacia la igualdad de género. Este encuentro global se realiza del 9 al 19 de marzo luego de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña, el 8 de marzo, cuando millones de mujeres, niñas y personas aliadas en todo el mundo alzan la voz para exigir una vida libre de violencia, mayor seguridad y acceso efectivo a la justicia.
En este contexto, resulta fundamental reconocer y amplificar las voces de niñas, adolescentes y jóvenes, quienes viven de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas, sociales y económicas que se debaten en estos espacios internacionales.
Escucharlas no es solo un acto simbólico, sino una condición indispensable para construir agendas globales más justas e inclusivas, capaces de responder a las realidades que ellas enfrentan cotidianamente en sus comunidades, escuelas, espacios digitales y territorios. Sus experiencias y propuestas deben ocupar un lugar central en la construcción de políticas y compromisos que garanticen que todas las niñas puedan vivir libres y sin miedo.
Nosotras, Niñas Poderosas y organizaciones impulsoras, en el marco de la CSW70 y en continuidad con las exigencias del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y la Niña, alzamos la voz para reafirmar que el derecho de niñas y adolescentes a vivir libres de violencia sigue siendo una deuda urgente. Si bien reconocemos avances en el ámbito normativo y programático, estos no han sido suficientes para transformar las condiciones reales en las que vivimos. La violencia persiste en nuestros entornos cotidianos —la casa, la escuela, la calle y los espacios digitales—, limitando nuestro desarrollo, participación y bienestar.
Vivimos en contextos donde el miedo forma parte de la vida diaria. Muchas niñas y adolescentes enfrentamos acoso en el espacio público, violencia en entornos educativos, riesgos en el transporte y, en muchos casos, violencia dentro de nuestros propios hogares. Esta realidad evidencia que la seguridad no está garantizada y que los espacios que deberían ser protectores no siempre lo son. A ello se suma la normalización de la violencia y la persistencia de una cultura adultocéntrica y patriarcal que minimiza nuestras voces, desacredita nuestras experiencias y, en ocasiones, responsabiliza a las víctimas.
Cuando una niña o adolescente vive violencia, acceder a la justicia implica enfrentar múltiples barreras. La falta de información clara y accesible sobre nuestros derechos, los procesos burocráticos, la dependencia de autorizaciones adultas y la escasa cercanía de las instituciones dificultan la denuncia. Además, los sistemas de justicia no siempre están diseñados para escucharnos: nuestros testimonios son cuestionados, se nos obliga a repetir lo vivido y se generan procesos de revictimización que afectan profundamente nuestro bienestar emocional. La desconfianza hacia las autoridades, derivada de respuestas tardías, poco empáticas o ineficaces, refuerza la percepción de que la justicia no es alcanzable.
Reconocemos que los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) constituyen una grave vulneración a nuestros derechos, al imponer decisiones sobre nuestras vidas sin nuestro consentimiento pleno e informado. Estas prácticas limitan nuestro desarrollo, restringen nuestras oportunidades y nos exponen a múltiples formas de violencia. Por ello, exigimos su erradicación mediante acciones integrales de prevención, protección y acceso a la justicia, que garanticen nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro en condiciones de libertad, igualdad y dignidad.
Estas barreras se agravan en contextos de mayor vulnerabilidad: las niñas y adolescentes indígenas, con discapacidad o que viven en condiciones de pobreza enfrentan obstáculos adicionales derivados de múltiples formas de discriminación. La falta de intérpretes, de materiales accesibles, de infraestructura adecuada y de cobertura institucional limita aún más su acceso a la justicia. A esto se suman prácticas discriminatorias y la ausencia de enfoques interculturales e inclusivos, lo que profundiza su exclusión y aumenta el riesgo de que sus derechos sean vulnerados.
Asimismo, las niñas y adolescentes afrodescendientes enfrentan formas específicas de discriminación derivadas del racismo estructural, que se entrecruza con las desigualdades de género, edad y condición socioeconómica. Estas violencias se manifiestan en la invisibilización de sus experiencias, la reproducción de estereotipos, la exclusión de los espacios de participación y las limitaciones en el acceso a servicios de calidad, incluidos los sistemas de protección y justicia. Asimismo, la falta de información culturalmente pertinente y de políticas públicas que reconozcan su identidad y contextos profundiza estas brechas. Por ello, es fundamental garantizar un enfoque antirracista e interseccional que asegure el pleno ejercicio de sus derechos, su participación activa y el acceso a una justicia digna, inclusiva y libre de discriminación.
Frente a este panorama, sostenemos que es imprescindible transformar de manera profunda los sistemas de protección y justicia desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Esto implica garantizar procesos accesibles, ágiles, empáticos y centrados en el interés superior de la niñez, con personal capacitado que escuche, crea en nuestra palabra y actúe con debida diligencia. Asimismo, es fundamental asegurar que los procesos estén libres de revictimización, mediante espacios seguros, acompañamiento psicológico y legal desde el primer momento, y la protección integral de nuestra identidad.
Enfatizamos que la transformación no depende únicamente de las instituciones, sino del compromiso de toda la sociedad. Es necesario fortalecer una cultura basada en la igualdad, el respeto y los derechos humanos desde la infancia. La educación —en la familia, la escuela y la comunidad— debe promover relaciones libres de violencia, cuestionar los estereotipos de género y prevenir las desigualdades. La sensibilización y formación de personas adultas, comunidades y servidoras y servidores públicos es clave para construir entornos seguros donde podamos expresarnos, ser escuchadas y recibir apoyo.
La prevención debe ser una prioridad. Esto implica garantizar escuelas seguras, espacios públicos con condiciones adecuadas de infraestructura e iluminación, y protocolos de atención efectivos en ámbitos educativos y de seguridad. Asimismo, es fundamental fortalecer redes comunitarias y familiares de cuidado que acompañen activamente a niñas y adolescentes, generando entornos de confianza donde podamos hablar sin miedo.
De manera transversal, afirmamos que no es posible construir soluciones sin nosotras. Las niñas y adolescentes somos sujetas de derechos y agentes de cambio. Nuestra participación debe ser activa, significativa y vinculante en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que nos afectan. Escuchar nuestras voces no es opcional: es una condición indispensable para garantizar respuestas efectivas y justas.
Consideramos que la democracia es la base para fortalecer los sistemas de protección de los derechos humanos y construir una convivencia plural, justa e incluyente. Una democracia real no solo implica elegir, sino también garantizar que todas las voces —incluidas las de niñas y adolescentes— sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que afectan nuestras vidas. Solo a través de instituciones transparentes, participativas y comprometidas con la igualdad, es posible crear entornos seguros, donde se respeten nuestras diversidades y se asegure el ejercicio pleno de nuestros derechos.
Garantizar una vida libre de violencia para niñas y adolescentes no debe ser una aspiración, sino una obligación. Requiere voluntad política, recursos suficientes, coordinación institucional y un compromiso real con la transformación de las estructuras que sostienen la desigualdad. Solo así será posible construir sociedades donde podamos vivir verdaderamente libres y sin miedo.
Ante esta realidad, nosotras, Niñas Poderosas y organizaciones impulsoras, exigimos:
- La asignación de presupuestos suficientes, sostenidos y con perspectiva de género y niñez, que fortalezcan los sistemas de protección integral y garanticen la implementación efectiva de políticas públicas.
- El fortalecimiento de los sistemas de justicia y atención, asegurando procesos accesibles, ágiles y libres de revictimización, con personal capacitado que actúe con debida diligencia y enfoque de derechos humanos.
- La garantía de mecanismos de denuncia accesibles, seguros y confiables, con información clara, adecuada a la edad y disponible en distintos formatos, lenguas y contextos.
- La incorporación de un enfoque interseccional e intercultural, que atienda las necesidades específicas de niñas indígenas, con discapacidad y en contextos de mayor vulnerabilidad, garantizando accesibilidad en todos los niveles.
- La implementación de estrategias de prevención, incluyendo educación en derechos humanos, igualdad de género y educación sexual integral, así como la creación de entornos escolares y comunitarios seguros.
- La capacitación obligatoria y continua de servidoras y servidores públicos, especialmente en los sectores de justicia, educación y seguridad, para erradicar prácticas discriminatorias, patriarcales y adultocéntricas.
- Reconocer y transformar el adultocentrismo como parte de las culturas patriarcales, promoviendo una ética intergeneracional que valore, respete y garantice la participación real de niñas y adolescentes en la toma de decisiones.
- La garantía de la participación activa, significativa y vinculante de niñas y adolescentes, reconociéndonos como sujetas de derechos y actoras clave en la construcción de soluciones.
Reiteramos que este llamado no es sólo una exigencia, sino un compromiso colectivo para transformar nuestras realidades. No queremos seguir viviendo con miedo ni esperar a que nuestros derechos se cumplan: los exigimos hoy. Creemos en un presente y un futuro donde todas las niñas y adolescentes puedan vivir seguras, ser escuchadas y acceder a la justicia. Porque nuestras voces importan, nuestras vidas importan y juntas seguiremos construyendo un mundo donde vivir libres de violencia sea una realidad para todas.
19 de marzo de 2026.
19 de marzo de 2026.
