-Con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una segunda reforma sobre reclutamiento criminal sin establecer una política integral de prevención, desvinculación segura y reparación para las víctimas.
-Tejiendo Redes Infancia advierte que se repite un patrón legislativo que desatiende recomendaciones internacionales y excluye la participación especializada de la sociedad civil y de las propias infancias.
-El poder legislativo parece renunciar nuevamente a impulsar una verdadera política de Estado para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado de infancias.
20 de octubre de 2026. — Tejiendo Redes Infancia lamenta que la Cámara de Diputados haya aprobado por unanimidad, con 419 votos, el dictamen que incorpora el reclutamiento criminal a la Ley General de Trata de Personas, sin atender suficientemente la evidencia acumulada durante más de quince años sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni abrir un proceso de parlamento abierto que garantice la participación de organizaciones expertas, víctimas y adolescentes.
Esta decisión repite el patrón legislativo del 4 de marzo de 2026, cuando 415 diputadas y diputados aprobaron una reforma al artículo 201 del Código Penal Federal para agravar las penas del delito de corrupción de menores, en lugar de construir una respuesta integral frente al reclutamiento forzado. Ambas reformas fueron enviadas al Senado de la República. Aunque el nuevo dictamen reconoce el reclutamiento como delito autónomo dentro de la legislación de trata, mantiene pendientes cuestiones fundamentales sobre su investigación, la protección especializada de las víctimas y la restitución de sus derechos.
“Dos reformas aprobadas por unanimidad no equivalen a una política de Estado. México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que sean reclutadas, proteger sus vidas y garantizar que puedan salir de las redes criminales sin ser asesinadas, desaparecidas o encarceladas”.
La decisión legislativa resulta especialmente preocupante porque el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a México, en 2024, tipificar expresamente en el Código Penal Federal las violaciones relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en hostilidades, además de reconocer su condición de víctimas y desarrollar programas de recuperación y reintegración. La CIDH reiteró el 12 de junio de 2026 la necesidad de establecer un delito autónomo acompañado de medidas integrales de prevención, investigación, protección y reparación.
México enfrenta una crisis de violencia armada contra sus infancias que no puede seguir tratándose como un asunto secundario de seguridad pública. El reclutamiento, la desaparición, la explotación sexual, el desplazamiento y los homicidios forman parte de dinámicas de control territorial y reproducción de la violencia criminal. Según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 fueron asesinadas 817 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 2.2 víctimas diarias, pese a la reducción registrada respecto de 2024. Mientras tanto, el país continúa sin contar con información pública suficiente que permita conocer la magnitud real del reclutamiento infantil.
La preocupación también alcanza al reclutamiento mediante plataformas digitales. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente la utilización de redes sociales, falsas ofertas laborales y videojuegos para captar a personas jóvenes, y su gobierno ha promovido medidas para proteger a las infancias en entornos digitales. Sin embargo, el dictamen aprobado se limita a reconocer los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito, sin establecer obligaciones específicas de debida diligencia para las plataformas, mecanismos especializados de detección y denuncia, ni procedimientos para vincular las evidencias digitales con las investigaciones de reclutamiento y desaparición.
La protección de la niñez no puede reducirse a eliminar publicaciones o detener reclutadores. Se requiere investigar a las estructuras de mando, las redes financieras y las posibles complicidades institucionales que permiten la captación, el traslado, el sometimiento y la utilización de personas menores de edad. También resulta indispensable reconocer que las organizaciones criminales pueden obligar a adolescentes previamente reclutados a captar a otras víctimas. En estos casos, la respuesta del Estado debe identificar las condiciones de coerción, evitar su criminalización automática y garantizar alternativas especializadas de protección, justicia restaurativa y reconstrucción de sus proyectos de vida.
Tejiendo Redes Infancia llama nuevamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República a impulsar una política de Estado para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado de infancias. Esta política debe incorporar un tipo penal autónomo y suficientemente amplio en el Código Penal Federal, así como un mecanismo nacional de identificación, desvinculación segura, protección de las familias, atención psicosocial especializada, reintegración comunitaria y reparación integral, con presupuesto, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación pública.
El Senado tiene ahora la responsabilidad de revisar el alcance del dictamen mediante un parlamento abierto con acompañamiento técnico del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la CIDH y otros organismos internacionales, además de establecer un diálogo sustantivo con organizaciones especializadas, colectivos de familias buscadoras, instituciones académicas y autoridades de protección integral. Este proceso debe incorporar mecanismos seguros y significativos de participación de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes viven en territorios afectados por la violencia armada.
Después de dos décadas de militarización y graves afectaciones a los derechos humanos, la prevención del reclutamiento, la desaparición y los homicidios de niñas, niños y adolescentes debe convertirse en una urgencia nacional. La seguridad de las infancias exige instituciones civiles de protección fortalecidas, escuelas y comunidades seguras, alternativas económicas y educativas, justicia efectiva y participación democrática.
“México no necesita acostumbrarse a que sus adolescentes desaparezcan, sean reclutados o mueran en una guerra que no eligieron. La protección de sus vidas debe ser una responsabilidad prioritaria de todo el Estado, no una promesa que se agota en nuevas penas de prisión y reformas legislativas vacías”.
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Documentación de referencia:
-Comité de los Derechos del Niño. (2024). Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México (CRC/C/MEX/CO/6-7). https://digitallibrary.un.org/record/4063537
-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026). Crimen organizado y derechos humanos en las Américas (Resolución 1/26). https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2026/res-1-26.pdf
-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026, 12 de junio). CIDH urge prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2026/105.asp
-Red por los Derechos de la Infancia en México. (2026). Homicidio de infancia y adolescencia en México (a diciembre de 2025). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2026/01/20/homicidio-de-infancia-y-adolescencia-en-mexico-a-diciembre-de-2025/
-Presidencia de la República. (2025, 8 de abril). Versión estenográfica de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-8-de-abril-de-2025
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