Como ex vicepresidentes, expertos y expertas independientes que hemos acompañado al Estado
de Ecuador desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU desde hace más de veinte años,
expresamos nuestra profunda preocupación por el caso de la desaparición forzada y ejecución
extrajudicial de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil, Ecuador, presuntamente a manos de
una unidad militar, porque constituye una grave violación de derechos humanos en un contexto de
creciente militarización en América Latina. Este hecho reeja un uso desproporcionado de la fuerza
letal y la consolidación de un modelo militar represivo que afecta principalmente a sectores
criminalizados, como la niñez y juventud afrodescendiente y pobre. Bajo el decreto ejecutivo 111
del 10 de enero 2024, donde el Gobierno de Noboa reconoce la existencia de un conicto armado
interno, se autorizó la intervención militar en espacios civiles, contraviniendo las obligaciones
internacionales del Estado ecuatoriano de garantizar la protección de los derechos fundamentales
de sus habitantes, especialmente de la infancia y juventud.
La desaparición forzada y posterior asesinato de estos niños, con evidencia de participación militar,
se inscribe en un patrón que vulnera el derecho a la vida, protegido por el artículo 4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y artículo 6 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Las prácticas de tortura, el trato inhumano y ejecución extrajudicial a los
que fueron sometidos también constituyen una transgresión a los artículos 5 de la CADH y 37.a de
la CDN. Asimismo, el Estado incumplió su obligación de proporcionar protección especial a la
infancia contra toda forma de abuso, negligencia, maltrato o explotación, según lo determinan los
artículos 19 de la CADH y 19 de la CDN, y en las disposiciones del corpus juris internacional que
garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. La respuesta estatal, centrada en la
criminalización de las víctimas y en la deslegitimación de las denuncias, demuestra una negación
de su deber de investigar y sancionar, situación que agrava la posibilidad de impunidad.
En este marco, se exige al Estado ecuatoriano una investigación autónoma, con respaldo técnico de
una comisión internacional que garantice la imparcialidad y ecacia del proceso. Es esencial que se
esclarezcan los hechos y se identique a los responsables materiales e intelectuales, tanto en el
ámbito militar como político. Asimismo, se demanda la cooperación plena y transparente de las
Fuerzas Armadas, quienes deben entregar toda la información relacionada con la operación que
culminó en la desaparición de los niños.
En última instancia, la erradicación de la impunidad exige sanciones ejemplares para los
responsables, tanto a nivel militar como institucional. Esto implica establecer un precedente que
garantice la reparación integral de los daños sufridos por las familias de las víctimas y la adopción
de garantías de no repetición que permitan superar los ciclos de violencia que afectan a la infancia
en la región. Para ello, la comunidad internacional tiene un papel crucial en el monitoreo y
seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que los Estados respeten y
protejan los derechos fundamentales de sus poblaciones más vulnerables.
En la última semana, las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los
operadores judiciales que trabajan en este caso enfrentan un contexto de riesgo derivado de
amenazas y actos de intimidación por parte del Ministro de Defensa. Por ello, es imprescindible
implementar medidas de protección inmediatas que aseguren su seguridad y permitan continuar
con los procesos legales hasta el pleno acceso a la justicia. Las declaraciones de altos funcionarios
gubernamentales y militares, que buscan deslegitimar las decisiones judiciales y las acciones de los
defensores de derechos humanos, deben cesar, ya que representan un intento de interferencia en
la justicia y una estrategia para evitar la rendición de cuentas, lo que podría congurar un crimen
de Estado.
Además, según la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, existen
obligaciones especícas del Estado ecuatoriano de brindar protección legal ecaz a las personas
defensoras de los derechos humanos, y de garantizar que aquellas puedan manifestarse
pacícamente ante graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se requiere que el gobierno ecuatoriano suspenda las políticas de militarización en espacios civiles
y reoriente su enfoque hacia la implementación de estrategias de seguridad basadas en la
prevención, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos. Este cambio debe incluir la
revisión de la doctrina de las Fuerzas Armadas para garantizar que sus operaciones se alineen con
los principios de proporcionalidad, necesidad y respeto por la vida.
Finalmente, debe considerarse que las niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza y marginalidad,
no solo son criminalizados por la sociedad, los medios de comunicación y el Estado, sino que además se
encuentran en peligro real de ser reclutados por los grupos de delincuencia organizada, o de morir o
resultar heridos a causa de los enfrentamientos armados entre tales grupos. Por ello, se deben impulsar
reformas estructurales que fortalezcan los sistemas de protección de la infancia, incorporando un enfoque
diferenciado que atienda las necesidades de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes y otros grupos
históricamente excluidos.
Marta Santos Pais, Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la
Violencia contra los Niños
Rosa María Ortiz, Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH
Sara Oviedo, Ex vicepresidenta del CRC UN,
Marta Maurás, Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN,
Norberto Liwski, Ex vicepresidente del CRC UN,
Jorge Cardona, Ex integrante del CRC UN
José Ángel Rodríguez, Ex integrante del CRC UN