[English Below]
7 de julio 2024. – Nos dirigimos a la comunidad internacional con profunda preocupación por la pulsión que reaparece en la región de América Latina y el Caribe por intentar reducir la edad de imputabilidad penal del niño como respuesta a problemas de seguridad ciudadana, siendo el más reciente ejemplo la propuesta del Gobierno de Argentina de reducir la edad de imputabilidad penal a los 13 años. Los intentos en los últimos años por parte de algunos países de avanzar en esa dirección (por ejemplo, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay) se han dado en contextos de aumento de la inseguridad y de llamados de diversas corrientes de opinión por judicializar la respuesta a agudos problemas sociales, poniendo el foco particularmente en la infancia pobre que aparece como “delincuente”. Esta medida constituye una violación grave a los derechos del niño consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como a otros principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
El Comité de Derechos del Niño, en su Comentario General No 24, reconoce que el mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo del sistema judicial, incluido el sistema de justicia juvenil. Sin embargo, los Estados partes deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, basado en los avances científicos en materia de desarrollo infantil y la propia jurisprudencia, sostiene que “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.
La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta la juventud. Tratar a los adolescentes como adultos en el sistema penal ignora estas diferencias cruciales en el desarrollo cerebral, lo que va en contra de la evidencia científica y de una justicia equitativa. La corteza prefrontal, responsable de funciones como el control de impulsos, la toma de
decisiones y la planificación a largo plazo, no alcanza su madurez plena hasta aproximadamente los 25 años. Ignorar esta realidad es una grave injusticia y una mala política pública.
Criminalizar a adolescentes, especialmente aquellos en condiciones de exclusión social, perpetúa narrativas falsas que asocian automáticamente la juventud y la pobreza con la criminalidad. Los adolescentes en exclusión social necesitan apoyo y programas socioeducativos que les ayuden a construir un futuro lejos de la criminalidad, no ser castigados de manera desproporcionada.
Bajar la edad de imputabilidad contradice directamente los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que subraya que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las medidas que les conciernan. Además, establece que la detención y el encarcelamiento de un niño deben ser el último recurso y por el período más breve posible. El enfoque debe estar en la rehabilitación y reintegración, no en la sanción punitiva.
Instamos al Gobierno de Argentina a retirar inmediatamente la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad penal y a adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos. Recomendamos la implementación de un sistema de justicia juvenil que enfoque sus esfuerzos en la rehabilitación y reintegración de los jóvenes, proporcionando alternativas a internamiento y asegurando que cualquier intervención judicial tenga como objetivo el desarrollo integral del niño.
Proponemos la capacitación a integrantes del poder legislativo en derechos de la infancia y el desarrollo juvenil, así como la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de un enfoque basado en derechos humanos para la justicia juvenil.
La justicia para los jóvenes debe ser justa y humana, basada en la comprensión de su desarrollo y circunstancias específicas. Las políticas regresivas y punitivas no solo son ineficaces, sino que también son contrarias a los principios y compromisos internacionales asumidos por Argentina. Instamos al Gobierno y al Congreso a reconsiderar esta propuesta y a trabajar en soluciones que verdaderamente promuevan el bienestar y el desarrollo de todos los niños y adolescentes en el país.
Marta Santos Pais
Ex integrante del CRC UN y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños
Rosa María Ortiz
Ex integrante del CRC UN y ex Comisionada y Relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH
Sara Oviedo
Ex vicepresidenta del CRC UN,
Marta Maurás
Ex vicepresidenta del CDIN y CRC UN,
Norberto Liwski
Ex vicepresidente del CRC UN,
Jorge Cardona
Ex integrante del CRC UN
Yanghee Lee
Ex Presidenta del CRC UN
José Ángel Rodríguez
Ex integrante del CRC UN
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[English Version]
International experts on children’s rights warn of regressions in the proposals for juvenile penal reform in Argentina and Latin America
July 7, 2024. – We address the international community with deep concern about the impulse that reappears in the region of Latin America and the Caribbean to try to reduce the age of criminal liability of children in response to problems of citizen security, being the most Recent example is the proposal of the Government of Argentina to reduce the age of criminal liability to 13 years. Attempts in recent years by some countries to move in this direction (for example, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama and Uruguay) have occurred in contexts of increased insecurity and of calls from various currents of opinion to judicialize the response to acute social problems, focusing particularly on poor children who appear as “delinquents.” This measure constitutes a serious violation of the rights of the child enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child, as well as other fundamental principles of international human rights law.
The Committee on the Rights of the Child, in its General Comment No 24, recognizes that the maintenance of public safety is a legitimate objective of the judicial system, including the juvenile justice system. However, States parties must achieve this objective subject to their obligations to
respect and implement the principles of juvenile justice enshrined in the Convention on the Rights of the Child. In particular, based on scientific advances in child development and jurisprudence itself, it maintains that “Children differ from adults in their physical and psychological development. By virtue of these differences, they are recognized as less culpable and a different system is applied to them with a differentiated and individualized approach. Contact with the criminal justice system has been shown to harm children by limiting their chances of becoming responsible adults.”
Neuroscience has shown that the human brain continues to develop into youth. Treating adolescents as adults in the criminal justice system ignores these crucial differences in brain development, which flies in the face of scientific evidence and equal justice. The prefrontal cortex, responsible for functions such as impulse control, decision making, and long-term planning, does not reach full maturity until approximately age 25. Ignoring this reality is a grave injustice and bad public policy.
Criminalizing adolescents, especially those in conditions of social exclusion, perpetuates false narratives that automatically associate youth and poverty with criminality. Adolescents in social exclusion need support and socio-educational programs that help them build a future away from crime, not be punished disproportionately.
Lowering the age of imputability directly contradicts the principles established in the Convention on the Rights of the Child, which emphasizes that the best interests of the child must be a primary consideration in all measures that concern them. Furthermore, it states that the detention and imprisonment of a child should be a last resort and for the shortest possible period. The focus should be on rehabilitation and reintegration, not punitive sanctions.
We urge the Government of Argentina to immediately withdraw the proposal to lower the age of criminal responsibility and to adhere to international human rights standards. We recommend the implementation of a juvenile justice system that focuses its efforts on the rehabilitation and reintegration of young people, providing alternatives to institutionalization and ensuring that any judicial intervention aims at the comprehensive development of the child.
We propose training members of the legislative branch in children’s rights and youth development, as well as raising awareness in society about the importance of a human rights-based approach to juvenile justice.
Justice for young people must be fair and humane, based on an understanding of their specific development and circumstances. Regressive and punitive policies are not only ineffective, but are also contrary to the international principles and commitments assumed by Argentina. We urge the Government and Congress to reconsider this proposal and work on solutions that truly promote the well-being and development of all children and adolescents in the country.
