26 de mayo de 2026.- Diversas reformas recientes impulsadas en el Congreso local acompañadas por narrativas de “protección”, “orden” y “modernización” están configurando un mismo patrón legislativo: restricción de derechos, ausencia de evaluaciones de impacto, expansión de mecanismos de control sobre la vida digital de niñas, niños y adolescentes y transferencia de obligaciones estatales hacia el magisterio y las familias.
Observamos que lejos de responder a una evaluación robusta sobre los riesgos reales y el daño mínimo, estas medidas se están aprobando en un contexto de alta presión mediática, baja deliberación pública y sin estudios integrales de impacto sobre los derechos de la niñez ni la evaluación de los efectos secundarios previsibles.
El resultado es una legislación que desplaza el eje desde la garantía de derechos hacia una decisión administrativa.
La preocupación se vuelve mayor cuando las reformas en varios Estados del país se presentan como soluciones universales para problemas complejos —violencias digitales, convivencia escolar, salud mental o uso intensivo de tecnologías— sin distinguir entre prácticas problemáticas específicas y el comportamiento cotidiano de millones de estudiantes.
La evidencia internacional disponible ha insistido en que el bienestar digital no se fortalece mediante respuestas punitivas o prohibicionistas, sino mediante ecosistemas protectores, alfabetización digital crítica, participación de niñas, niños y adolescentes y responsabilidades compartidas entre Estado y sector privado.
En contraste, el ciclo actual de reformas parece asumir que el principal lugar de intervención debe ser la escuela y que el principal sujeto de vigilancia deben ser las niñas y los niños.
Uno de los rasgos más preocupantes del enfoque regulatorio es la construcción implícita de una categoría de sospecha sobre adolescentes y juventudes: estudiantes potencialmente distraídos, dependientes, vulnerables o peligrosos que requieren restricciones permanentes.
Esta lógica adultocéntrica interpreta las prácticas juveniles desde categorías de déficit, incapacidad o amenaza antes que desde la autonomía progresiva y el ejercicio de derechos. La consecuencia práctica es que las políticas dejan de preguntar qué deben cambiar las instituciones y comienzan a preguntar qué debe prohibirse en las conductas infantiles y juveniles.
La Observación General núm. 25 del Comité de los Derechos del Niño recuerda que los entornos digitales forman parte del ejercicio de derechos y que las medidas estatales deben equilibrar protección, acceso, participación y desarrollo progresivo de capacidades.
Bajo este estándar, una regulación que restringe sin demostrar necesidad, proporcionalidad y efectividad corre el riesgo de convertirse en una medida regresiva en materia de derechos humanos.
Otro efecto estructural de estas reformas es la creciente asignación de nuevas responsabilidades a docentes y comunidades escolares.
Esta expansión silenciosa de funciones ocurre en un contexto donde la literatura especializada insiste en que la ciudadanía digital no puede reducirse a control conductual ni a campañas escolares aisladas, sino que requiere políticas públicas integrales, infraestructura, formación y regulación de actores tecnológicos.
La investigación reciente sobre bienestar digital también advierte que atribuir exclusivamente a familias y escuelas la gestión del riesgo invisibiliza el papel del diseño persuasivo de plataformas, la economía de la atención y los modelos algorítmicos que capturan tiempo y conducta.
Como ha sido documentado en investigaciones internacionales, buena parte del ecosistema digital actual se sostiene en mecanismos que optimizan permanencia, interacción emocional y extracción de datos antes que objetivos educativos o de bienestar.
Sería importante que, antes de adoptar más reformas que impacten a millones de estudiantes y miles de escuelas, se realicen al menos:
— Evaluaciones de impacto en derechos de niñas, niños y adolescentes;
— Estudios sobre efectos educativos y desigualdad;
— Análisis presupuestarios;
— Mecanismos de consulta significativa con más de 26 millones de estudiantes;
— Indicadores públicos de seguimiento y revisión.
Las decisiones públicas que afectan derechos de niñas, niños y adolescentes no pueden construirse desde la urgencia mediática ni desde respuestas simplificadas a problemas complejos. Regular exige evidencia, proporcionalidad, participación significativa y responsabilidad estatal. Antes de ampliar restricciones o trasladar cargas a escuelas y familias, es indispensable garantizar que toda medida responda al interés superior de la niñez, fortalezca capacidades y no implique regresiones en el ejercicio de sus derechos.
Cita: Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia
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