11 de febrero de 2025.- El pasado 9 de febrero se cumplieron tres años del asesinato impune de Ángel Manuel Moreno, un niño de 14 años con discapacidad, víctima de homicidio bajo la custodia del DIF Nuevo León en un acto de violencia y negligencia institucional que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha calificado como un crimen de Estado.
Ángel fue institucionalizado a los cuatro años junto con su hermana mayor. Pasó su infancia en un sistema de protección que, lejos de garantizarle el derecho a vivir en familia, lo expuso a un ciclo de violencia, desatención y abandono. En sus últimos meses, Ángel enfrentó múltiples diagnósticos de salud mental y física, incluyendo trastorno de estrés postraumático y crisis epilépticas, sin recibir el tratamiento especializado que requería. En noviembre del 2021, la CEDHNL emitió medidas cautelares para protegerlo, pero el castigo de las autoridades se incrementó hasta que resultó fatal.
El 9 de febrero de 2022, Ángel fue golpeado por un enfermero en las instalaciones del DIF y las investigaciones de la Fiscalía sugieren que murió por las lesiones y negación de atención médica, tras un brutal impacto en el abdomen. Su muerte no fue un accidente, sino la consecuencia de una cadena de violaciones a sus derechos humanos y de una cultura institucional de impunidad. La respuesta de las autoridades no fue la búsqueda de justicia, sino el encubrimiento: evidencias borradas, cremación ilegal del cuerpo y la protección de funcionarios de alto nivel, como el exdirector del DIF estatal, Miguel Ángel S.R., quien hasta la fecha no ha sido imputado, sino premiado con cargos políticos y electorales.
A pesar de la recomendación 001VG/2023 de la CEDHNL, que exigía medidas de reparación y garantías de no repetición, el gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García rechazó la recomendación, inició una persecución política contra la Ombudsperson y ha ignorado los llamados a la rendición de cuentas. Mientras dos exfuncionarios enfrentan procesos penales –uno por homicidio y otro por encubrimiento–, el aparato estatal sigue protegiendo a los funcionarios de alto nivel, quienes permitieron y encubrieron este crimen de Estado.
Ante este contexto, las organizaciones defensoras de derechos humanos no olvidamos, y alzamos la voz para exigir:
- Justicia para Ángel Moreno. Que todos los responsables –desde los agresores directos hasta quienes encubrieron el crimen de Estado– sean investigados y castigados conforme a derecho.
- Reparación integral para su hermana. Que el Estado reconozca su responsabilidad y garantice una reparación que contemple medidas de compensación, memoria y no repetición.
- Reformas urgentes al sistema de protección infantil. Exigimos el monitoreo independiente de los centros del DIF, la prohibición de prácticas institucionalizantes y el fortalecimiento de la atención con un enfoque de derechos humanos.
- El fin de la persecución contra la Ombudsperson. Es inaceptable que cumplir con su obligación de protección a las víctimas, y por señalar a los responsables de violaciones graves a los derechos de la niñez, se traduzca en persecución política.
Ángel Moreno no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que castiga la pobreza con encierro, que trata a la niñez sin cuidados parentales como objetos y que normaliza la violencia institucional. Su nombre no será olvidado. Seguiremos exigiendo justicia hasta que su crimen no quede impune.
Firma la petición:
https://www.change.org/justiciaparaangel
#JusticiaParaÁngelMoreno #InfanciaSinViolencia #CrimenDeEstado
Atentamente,
Juan Martín Pérez García
Coordinador regional
@juanmartinmx
